La transición hacia economías más limpias está impulsando actividades como energías renovables, eficiencia energética, economía circular, agricultura sostenible, construcción eficiente, movilidad limpia y servicios ambientales.

En este canal, el cambio climático aparece como una oportunidad para crear empleos verdes y transformar actividades existentes. Pero ese potencial no se materializa de manera automática: depende de políticas productivas, inversión, capacidades tecnológicas y formación laboral.

América Latina y el Caribe cuenta con ventajas relevantes para avanzar en esta agenda, desde una matriz energética con mayor peso de fuentes renovables que el promedio mundial hasta recursos estratégicos para las tecnologías de descarbonización. El desafío es convertir ese potencial en empleos verdes de calidad e inclusivos.

Descarbonizar la economía implica transformar tecnologías, procesos productivos, cadenas de valor y perfiles laborales y requiere planificación y acompañamiento.

Algunas actividades intensivas en emisiones deberán reconvertirse para sostenerse en economías bajas en carbono. Esto puede afectar a trabajadores, empresas y territorios que dependen de sectores como agricultura, minería, energía basada en combustibles fósiles, transporte tradicional o industrias intensivas en energía.

Lo que hace más difícil ese pasaje es que la movilidad laboral no ocurre sola. Al menos cinco fricciones la dificultan: las habilidades disponibles no siempre coinciden con las que demandan los sectores en expansión; los nuevos empleos no surgen en los mismos lugares donde se pierden los anteriores; las transiciones productivas toman tiempo mientras los ingresos son urgentes; las identidades ocupacionales arraigadas pesan; y los empleos en sectores extractivos suelen pagar más que las alternativas disponibles. Por eso una transición justa requiere instrumentos de reconversión laboral, protección social, inversión productiva y diálogo social.

El cambio climático ya está afectando el trabajo. Sequías, olas de calor, huracanes e inundaciones reducen la productividad, interrumpen actividades, deterioran ingresos y ponen en riesgo la continuidad laboral.

Este canal muestra que la inacción también tiene costos laborales. Los impactos físicos del clima afectan especialmente a personas que trabajan en agricultura, construcción, turismo, pesca y transporte, muchas veces en ocupaciones de calificación media o baja y con altos niveles de informalidad.

En una región con sistemas de protección social limitados, los eventos extremos pueden traducirse rápidamente en pérdida de ingresos, interrupción del trabajo y mayor vulnerabilidad de los hogares. Además, estos eventos incrementan la demanda de cuidados no remunerados, una carga que recae desproporcionadamente sobre las mujeres.

La agricultura familiar permite ver cómo los tres canales se cruzan en un mismo sector. En los países andinos, cerca de un tercio de la población ocupada trabaja en la agricultura. En otras subregiones, como Centroamérica, el Caribe y zonas rurales de Brasil y México, también concentra una parte importante del empleo rural.

Como oportunidad, la adopción de prácticas sostenibles puede mejorar la productividad, reducir el impacto ambiental y fortalecer la resiliencia climática. Pero como desafío de transformación, reducir emisiones sin destruir medios de vida rurales exige modificar prácticas productivas y cadenas de valor.

Al mismo tiempo, la agricultura familiar está directamente expuesta a sequías, eventos climáticos extremos y cambios en la disponibilidad de agua. Por eso, su sostenibilidad no puede abordarse desde un solo canal: necesita combinar adaptación productiva, transformación de prácticas para reducir emisiones y estrategias que aseguren ingresos justos, estables y sostenibles.